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La crueldad hacia los animales y en particular a los perros callejeros es una práctica común en esta entidad, pero Tizimin "se rebasan los límites", aseguró Rosario Sosa Parra, presidenta de la Asociación por los Derechos de los Animales de Yucatán. En entrevista con REFORMA, la activista dijo que la denuncia de que motopatrulleros municipales de Tizimín, por instrucciones del presidente municipal de esta demarcación, han emprendido una cruel campaña copntra los canes de la calle toda vez que son lanzados y arrastrados hsta morir, "no es algo nuevo" en este lugar, y afirma que las actuales autoridades de esa localidad, ubicada en el oriente del estado, no sólo se exceden en crueldad sino hasta ponen en riesgo la vida de seres humanos. Refirió que la agrupación civil a su cargo ha seguido muy de cerca las acciones que lleva a cabo el ayuntamiento de Tizimín, encabezado por el alcalde panista José Dolores Mezo, y en tal sentido cuenta que el 20 de mayo del 2003 presentó una denuncia ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en contra de el municipio y el entonces director de Ecología, Honorio CimÉ-actualmente diputado local por el PAN-, por haber ordenado una campaña de envenenamiento masivo de perros callejeros. Narró que en ese entonces policías y empleados del ayuntamiento de Tizimín "regaron" por toda la ciudad grandes cantidades de Labate, un mortífero veneno, que además tarda tres meses en diluirse y que se filtra en el manto freático, lo que pone en grave riesgo la salud de los seres humanos al momento de consumir agua. "Fue una cacería brutal, despiadada de perros, pues no sólo murieron cientos de callejeros sino varios canes que tenían dueños y hasta otros animales como caballos y gatos", comentó. Ello dio origen a una gran incorformidad de habitantes de Tizimín, y la situación estalló de plano cuando un niño de 6 años, que envuelto en lagrimas abrazó a su perro moribundo por haber ingerido Labate, se contaminó del poderoso veneno y estuvo a punto de fallecer. La denuncia contra el alcalde Dolores Mezo y el ahora diputado local Honorio Cimé fue firmada por más de 150 jefes de familia de esa localidad, y quedó registrada en el expediente PFPAYUC/2-220-3/2003, en cual además de manifestar la queja por la cruel campaña hacia los caminos, se hizo también por haber usado sustancias altamente tóxicas. Pero la denuncia no prosperó, al menos hasta la fecha, al grado que según cuenta Sosa Parra, un funcionario dela delegación de la Profepa le informó que darían "carpetazo" a la queja. Y el asunto sigue en las mismas, pues con la llegada del nuevo delegado de la Prefepa, el ex diputado local panista Sergio Chan Lugo, la asociación defensora de animales no ha podido entablar diálogo con el funcionario, quien tiene fama de prepotente e insensible. Martín Morita Artículo publicado el día 28 de Enero de 2004 en el periódico Reforma |
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